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Blog de los Afiliados

EL DESAFIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PROVINCIALES FRENTE AL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS DEL SECTOR ELECTRICO (*)

JOSE LUIS JIMENEZ Viernes Febrero 24, 2012
(*) Extractado del INFORME INTEGRAL

Por el Cr. Salvador De Gaetano

Ex. Vicepresidente de EPEC.


1- MARCO DE SITUACION

Los últimos cincuenta años, particularmente la última década, han sido de grandes transformaciones en todos los órdenes. Existieron profundas transformaciones políticas, con importantes cambios del sistema económico que, sin duda, se va globalizando. Al mismo tiempo se registran importantes cambios tecnológicos que debieron modificar el comportamiento de la gestión empresarial y gubernamental.
A partir de esto, se ha generado la necesidad de revisar las funciones y el papel de todas las actividades que desarrolla el Estado, pensando, incluso, en la modificación de las estructuras y métodos de gestión en el propio ámbito de gobierno. La dinámica de los acontecimientos internacionales y la gravedad de los problemas estructurales ante la falta de políticas macro que enfrenta nuestro país y que indudablemente afectan a todas las provincias, sumados a los propios, exigen importantes cambios estructurales, particularmente en el sector  energético,  que impulsan la modernización del Estado y una redefinición de su papel dentro de la economía.
 
El planteo de la mayoría de los países que viven este contexto, es el de redireccionar la intervención del Estado, lo que implica una mayor libertad en el desenvolvimiento de la economía y una reforma integral del Estado a fin de dotarlo de capacidad y eficiencia en las funciones políticas y regulatorias que le competen. En lo referido a las actividades empresariales que, desde el estado se promueven, éstas deben seguir idéntica suerte, por ser de interés de la sociedad que las componen.
 
Desde la óptica macro económica, la mayor participación de las fuerzas del mercado y la menor intervención del Estado en la economía no significan, de ningún modo, que este último deba omitir, reducir o delegar su papel como conductor orientador de la economía y del proceso de desarrollo.
Sin embargo, aún cuando se plantee una reformulación económica de esta naturaleza, que bajo los parámetros expresados, lleve a una mayor participación de las fuerzas del mercado y de la iniciativa privada, hay sectores de la economía en los cuales la aplicación de estos conceptos puede generar resultados incompatibles con el crecimiento armónico y equilibrado, tan necesario para la comunidad a la que asiste.
 
La existencia de monopolios naturales y el carácter estratégico de determinados recursos específicos que afectan a distintos sectores, hacen que esta reforma de la economía pueda adquirir características particulares en ciertos sectores, como es la de la energía y específicamente, en el área eléctrica.
 
En otros términos, la reevaluación de la industria eléctrica presenta, bajo tales circunstancias, determinados rasgos que, al distinguirla del resto de los sectores de la economía, refuerzan la necesidad de producir, en forma inmediata, transformaciones estructurales y culturales.
 
Dado que las actividades propias del sector eléctrico están fuertemente influenciadas por la velocidad y profundidad de las transformaciones que se están generando, a nivel general, es imprescindible enfrentar el desafío con un comportamiento diferente. Para ello son necesarios determinados cambios de actitudes que permitan adecuar el rol de las empresas eléctricas, tanto privadas como públicas, a la nueva concepción política, social y económica imperante en el país ante el incierto contexto internacional.
 
2- FUNDAMENTOS  DEL CAMBIO
El objetivo de cualquier empresa eléctrica es la de suministrar energía de buena calidad y al mejor precio a sus clientes, asegurando una razonable rentabilidad. Cualquiera sea su organización, lo importante es la eficiencia de la Empresa al servicio de sus clientes.
 
En ese ámbito y en forma particular, la experiencia nos demuestra que  el grado de ineficiencia de las Empresa Públicas que aún están en la órbita de los estados provinciales, está originada, en buena medida, en la inadecuada separación del papel de los estratos políticos y los objetivos que deben cumplir sus empresas y sus mecanismos para alcanzarlos. Las autoridades gubernamentales, en lugar de asumir el rol de accionista público y de regulador, intervienen activamente en el gestionamiento de las empresas, cuando sólo tendrían, en suma, que controlar sus resultados. Esta intervención le quita responsabilidad a sus empresas y las vuelve ineficientes, burocráticas y no competitivas.
 
Es en ese contexto, que el esquema institucional del sector eléctrico provincial, cualquiera sea la jurisdicción que se trate,  tiene que ser reformulado con el fin de eliminar o de atenuar al menos, los efectos indeseados, propios de la empresa pública. Adaptarlo a la nueva realidad económica que vive nuestro país y al contexto competitivo socializado en que se desenvuelve actualmente el sector eléctrico nacional.
 
Para alcanzar estas metas se hace necesario separar las funciones de gobierno como tal, de las funciones propias de la empresa. Durante muchos años ha habido una marcada confusión entre estos roles, hoy más que nunca, que ha  creado las condiciones propicias para la generación de problemas  estructurales que hoy se enfrentan y que necesariamente se debe revertir.
 
La función política sectorial ciertamente debe continuar en manos del Estado. Este debe reasumir su papel normativo y regulador, mientras que todo lo que es política de gestión, debe ser potestad de la Empresa. Consecuentemente, el planeamiento sectorial debe ser resorte exclusivo de la Empresa, enmarcando en los lineamientos políticos fijados por las autoridades competentes.
 
Mucho tiempo ha llevado rediseñar los sistemas eléctricos Provinciales, como continuidad en la mayoría de los casos, de los servicios prestados por la ex empresa nacional Agua y Energía Eléctrica, que permitió generar un aporte substancial al desarrollo económico y social de las Provincias, con un elevado grado de eficiencia, en comparación con aquellas que fueron empresas del estado nacional. No obstante esa eficiencia, medida en términos absolutos, no ha sido satisfactoria y el hecho de privilegiar la eficacia, que sí se logró en plenitud, ha generado una serie de efectos que hoy se manifiestan en una rigidez estructural y en una concepción cultural que se revelan como impedimentos insalvables para lograr una gestión ágil  con eficiencia técnica y económica.
 
Hoy, en vez de cambiar estructuras, se necesita estructurar el cambio. Para ello se tiene que definir un programa de largo plazo, que refleje la política de gobierno para el sector en todos sus aspectos, dentro de un esquema normativo que otorgue flexibilidad y posibilidad de adecuación permanente.
Los esquemas institucionales provinciales están afectados por la velocidad de las transformaciones técnicas-económicas que atraviesa el sector eléctrico nacional como consecuencia, en gran medida, de la discrecionalidad política que afecta a dicho sistema. Se ha puesto de manifiesto que el respeto de los fundamentos económicos clásicos no sólo es compatible con los objetivos y requisitos básicos que debe satisfacer el servicio público de electricidad, sino que ofrece mejores instrumentos para una mejor asignación de los recursos, medida ésta en términos de la sociedad en su conjunto.
 
Uno de los efectos provocados por la globalización económica y por las reformas estructurales verificadas en nuestro país, ha sido el de demostrar que, servicios públicos como el de la energía eléctrica, también pueden ser prestados por entes privados, no sólo en las etapas de generación o transporte sino también en la etapa de la distribución, que constituye un monopolio natural.
 
En la parte institucional, la función normativa debe efectivizarse a través de una entidad reguladora independiente.
La Empresa debe responder al gobierno en aspectos de política sectorial, al Ente Regulador en su faz normativa y a sus clientes, en cuanto al servicio y/o producto que abastece.
La empresa eléctrica tiene que desenvolverse como cualquier otra, en lo posible dentro del derecho privado.
Estos principios básicos darán autonomía de gestión y las líneas de responsabilidad quedarán mucho más claras.
Todo el esquema eléctrico provincial, más que en la naturaleza del capital, debe descansar en la calidad del diálogo, en el reconocimiento de la potencialidad humana del personal y en la asignación de responsabilidades entre la empresa y el Poder Público.
 
En este proceso se hace necesario que la Empresa, como unidad actual de gobierno, pase a una etapa de gestión sujeta a las normas y leyes del Derecho Privado, sin perder su pertenencia pública. Asimismo, es necesario compatibilizar los ingentes esfuerzos que se están haciendo en la reformulación de las estructuras administrativas de los gobiernos provinciales, ya que el sector Eléctrico debe realizar su propia reforma para asegurar el éxito de los programas de estabilización y desarrollo emprendidos.
 
La rica historia del sistema eléctrico en su conjunto y el papel que desempeñan las actuales empresas provinciales, aún bajo la órbita del estado, como motor del desarrollo económico, pone de manifiesto el doble carácter de la misma: se trata de verdaderas Empresas y se encuentran íntegramente al servicio de la comunidad. De tal manera, el concepto de Empresa Provincial ha ido reemplazando progresivamente el de Ente Público.
Ello significa que la comunidad toda estará mejor atendida cuando más autónoma asuma la Empresa, siempre, en el marco que le asigne el propio Estado.
No obstante, el servicio eléctrico provincial, como tal, está subordinado a la integración de la Empresa en la política energética global del país. Esta inserción, en una política de conjunto, supone una participación activa de las empresas en la búsqueda de la maximización del beneficio social.
 
3- ESTRATEGIA
Una estrategia de reordenamiento del sistema electro energético se debe fundamentar en la búsqueda del mayor bienestar de la comunidad a través del establecimiento de condiciones de eficiencia, en un marco de subsidiariedad del Estado.
Ello se debe entender como la obtención de una óptima asignación de los escasos recursos disponibles en un contexto de competencia, permitiendo que el mercado actúe donde sea posible.
El elemento fundamental de la estrategia es considerar a la energía como una actividad económica más, sujeta a las mismas reglas de mercado que condicionan el desarrollo de otros sectores, cual es la maximización de utilidades en un ambiente de competencia y regulación eficientes, de modo de preservar el bien común.
No debe pretenderse que desde el sector energético se solucionen los problemas de la economía de la Provincia o del país, sino lo es a través de políticas de estados coherentes y sustentables en todas las unidades de gestión económica, políticas y sociales en que se desenvuelve.
 
4- PROPUESTA
Entre las pautas básicas para alcanzar tales objetivos se pueden mencionar:
• Separar los roles normativos y empresarios del Estado.
• Reconocer que la función principal del Estado es normar, regular y planificar.
• Segmentar definitivamente las actividades de generación, transporte y distribución que deberán ser tratadas como unidades económicas independientes y autárquicas, evitando la transferencia de recursos para aquellas empresas que son particularmente integradas, de modo que no se afecten los intereses al usuario final.
• Redefinir el marco legal e institucional.
• Fortalecer la competencia, en los sectores en que ello sea posible.
• Concretar la aplicación de un sistema tarifario basado en criterios económicos, financieros y de equidad.
• Compatibilizar la acción empresaria en el marco de las actuales normas nacionales a las que oportunamente se adhirió la Provincia, promoviendo la adecuación de éstas a la realidad de los mercados atendidos.
• Crear un ente regulador específico de la actividad eléctrica provincial, como órgano autárquico, no multifacético, con dependencia funcional del Poder Ejecutivo.
• Concesionar áreas eléctricas.
• Enmarcar a las empresas prestadoras con sujeción a normas del derecho privado.
• Formalizar un contrato-marco de gestión entre empresas y Estado en aquellos casos en que éste mantenga el control económico accionario, a fin de dotar a aquellas de autonomía de gestión.
• Respetar las Organizaciones Sindicales, en el marco estricto en que deben éstas desenvolverse, evitando de esta manera la cogestión. Estas organizaciones dependen de la subsistencia eficiente y de la expectativa  futura de la empresa. Cada uno en el rol que le compete.
• Aplicar una sana política de Recursos Humanos en la empresa, como fundamento para la revalorización de la persona y potenciación en su carácter de trabajador.
• Aplicar un Programa de educativo a los consumidores, para que puedan actuar como demanda (en términos económicos).
• Fomentar una Planificación Dinámica Económica de Largo Plazo (En materia Tecnológica y de Recursos Humanos), en todos los niveles de la cadena energética, teniendo en cuenta el crecimiento de la Demanda y los Recursos Energéticos del País.
• Insertar esta planificación en un marco Legal y Jurídico seguro.
 

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